El pasado miércoles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que era admisible un reclamo iniciado en la causa “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”, en el cual se reclamaba el beneficio de la conocida ley 2×1 para un condenado por delitos de lesa humanidad: Luis Muiña, un paramilitar que participó en la detención ilegal y el secuestro de personal del hospital Posadas en 1978, fue quien solicitó el cómputo de la pena y ya se encontraba en libertad condicional al haber cumplido 2/3 partes de la pena a la que fue condenado en 2011. Las reacciones fueron, en su mayoría, severamente críticas porque sienta un precedente que podría acortarle las penas a enjuiciados por los mencionados delitos.
En principio, un delito de lesa humanidad se define como aquel que se comete contra la humanidad, es decir, que las acciones llevadas a cabo no atentan contra una persona en particular sino contra un grupo determinado. Esto puede incluir el asesinato, el exterminio, la tortura, la violación, la desaparición forzada, entre otros tipificados. Estos delitos son imprescriptibles, en otras palabras, jamás se deja de perseguir a quien está acusado de haberlos cometido. Bajo esta figura fue que se juzgó a los militares que participaron de las acciones criminales cometidas durante la última dictadura cívico militar iniciada en 1976.
La ley 24.390, más conocida como la del beneficio del 2×1, estuvo vigente entre 1994 y 2001, pero fue derogada. Lo que permitía es que cada día que pasara en prisión un condenado por un crimen si sentencia firme, fuera computado doble a partir del segundo año de detención. Es decir, si una sentencia de 12 años de prisión demoraba 4 años en tener sentencia firme, la persona había cumplido 4 años de cárcel efectiva pero se le computaban 6, por lo que le restaban 6 años en la cárcel: la pena pasaba de 12 a 10 años.
Lo grave de este fallo es que sienta precedente y otros condenados por crímenes de lesa humanidad podrían pedir ese beneficio. Los dos jueces que votaron en contra de esta aplicación fueron Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes interpretaron que no era posible aplicar la ley del 2×1 a delitos de lesa humanidad. “Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”, redactaron los dos jueces en los fundamentos de la sentencia. Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron lso tres jueces que votaron en mayoría el cómputo de la pena, con especial fundamento en que al detenido se le debe aplicar la pena más benigna, sea cual sea el delito.
El repudio fue generalizado. No solo las organizaciones de derechos humanos salieron a criticar el fallo sino que gran parte del arco político se mostró descontento y preocupado por el antecedente. Incluso desde el gobierno, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sostuvo: “No me parecen buenos los fallos del 2×1, en ningún escenario”.
Un cálculo que realizó la Procuraduría de crímenes contra la Humanidad, señaló que, si el beneficio lo solicitaran otros represores condenados, 278 estarían en condiciones de salir hoy mismo de la cárcel. Alfredo Astiz, Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, Miguel Etchecolatz, Luciano Benjamín Menéndez, , Reynaldo Bignone y Luis Abelardo Patti son solo algunos de los condenados que podrían quedar en libertad.
Sin embargo, ya hubo un pedido de aplicación del 2×1 que fue rechazado: José Luis Magnacco, quien era conocido como “el partero de la ESMA”, pidió el beneficio y le fue rechazado el pasado viernes. También le fue denegado a Héctor Girbone, exteniente de Campo de Mayo.
Otra iniciativa que tomará impulso esta semana será la de dos fiscales que pedirán la inconstitucionalidad de la ley del 2×1. Son Ángela Ramos, a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas; y Pablo Parenti, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. Este fin de semana, Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, confirmó que el bloque de senadores de Cambiemos presentará un proyecto “que establece que los beneficios del 2 x 1 se tienen que limitar a las personas que estuvieron presas durante la vigencia de la ley”, para evitar que otros puedan solicitarla.
También, en señal de repudio, hay convocadas dos marchas. Una será el miércoles 10 a las 18 en la puerta del palacio de Tribunales, en Lavalle y Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires. Para el día siguiente, pero a las 17, agrupaciones de derechos humanos convocan a otra marcha pero hacia Plaza de Mayo desde el Congreso de la Nación.
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